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POBLACIÓN PERUANA SUPERA LOS 30 MILLONES

La población en el Perú al 30 de junio de este año asciende a 30 millones 814 mil 175 habitantes, informó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INE) con motivo de celebrarse el Día Mundial de la Población, y se estima que al final de año, superaremos los 31 millones de habitantes, notándose un leve envejecimiento de la población.

De ese número de habitantes, 15 millones 438 mil 887 son varones y 15 millones 375 mil 288 son mujeres.  Se estima que durante este año nacerán 581 mil 450 personas y fallecerán 172 mil 731, lo cual equivale a un crecimiento natural o vegetativo de 13 personas por mil habitantes, precisó el INEI.

Según la pirámide poblacional, correspondiente al año 2014 se observa que la base  (0 a 5 años de edad) es mayor en aproximadamente 0,5%, con respecto a la pirámide proyectada al 2021, año del Bicentenario de la Independencia Nacional, lo que indica que se estaría reduciendo la fecundidad (nacen menos niñas y niños).

Asimismo, los grupos de edad a partir de los 30 años comienzan a incrementarse, lo que estaría evidenciando un lento envejecimiento de la población peruana.

También se indicó que en once departamentos la población supera el millón de habitantes,  de los cuales seis pertenecen a la Sierra, Cajamarca (1 millón 525 mil), Puno (1 millón 403 mil), Junín (1 millón 341 mil), Cusco (1 millón 309 mil), Arequipa (1 millón 273 mil) y Áncash (1 millón 142 mil). 

Asimismo cuatro pertenecen a la Costa, Lima (8 millones 752 mil), La Libertad (1 millón 837 mil), Piura (1 millón 830 mil), y Lambayeque (1 millón 250 mil) y en la Selva se encuentra Loreto (1 millón 29 mil). 

Por otro lado los departamentos con menos de 400 mil habitantes son Madre de Dios (134 mil), Moquegua (178 mil), Tumbes (234 mil), Pasco (302 mil) y Tacna (337 mil).   

Al 30 de junio del año 2014, el 42,5% de la población reside en distritos con más de 100 mil habitantes y el 25,5% en distritos con menos de 20 mil habitantes.

Los distritos San Juan de Lurigancho (1 millón 69 mil) y San Martín de Porres (687 mil), juntos superan a la población que reside en conjunto en los departamentos de Madre de Dios, Moquegua Tumbes, Pasco, Tacna y Amazonas.

LEY UNIVERSITARIA FUE LA MÁS IMPORTANTE

La nueva ley universitaria es una de las propuestas legislativas, más importantes aprobadas por la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, y por el pleno del Congreso, en la legislatura 2013-2014, según Daniel Mora Zevallos, presidente de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte.

Aproximadamente 52 proyectos de ley fueron presentados por congresistas de diferentes bancadas, y sirvieron de base para redactar el importante dictamen, que forma parte de la trilogía de normas tendentes a solucionar la crisis por la que atraviesa la educación peruana: Ley Magisterial, Ley de Moratoria para la creación de nuevas universidades y la propia Ley Universitaria.

La redacción y corrección de la normatividad de más de 120 artículos que se ha trabajado a lo largo de dos años y medio, y su contenido fue expuesto en sesiones ordinarias, sesiones extraordinarias y audiencias públicas realizadas en las 139 universidades que hay en el país, 50 públicas y 89 privadas. 

También en foros nacionales e internacionales. Aún se recuerda la reunión conjunta realizada por las comisiones de educación del Parlamento del Perú y de Chile. Los representantes del país sureño, que afronta un problema similar en su patria, destacaron las bondades del proyecto universitario nacional. 

La reforma universitaria tenía que extirpar, desde sus raíces, los problemas de inmoralidad, corrupción y, sobre todo, erradicar el pensamiento y el propósito de haber convertido a las universidades como centros donde se impartía la educación con fines de lucro, expresó el legislador.

El arduo trabajo se centró en tener una nueva universidad de calidad y de investigación que esté al alcance de todos, especialmente para los más pobres. En esta noble misión tuvo una especial labor el Consejo Consultivo, integrado por ex ministros de Educación y rectores de las principales universidades del país.

Para el congresista ha llegado el momento de que la universidad peruana recupere el tiempo perdido y se constituya en un verdadero centro de investigación y forjador de los peruanos del futuro. Porque se tendrá una nueva ley después de 31 años.

“Es un paso adelante el que se ha dado. Los resultados se verán dentro de pocos años. En lo inmediato ha significado la derrota de las mafias que prácticamente se apropiaron de diversas universidades públicas y privadas para promover el negocio rápido con el apoyo de sectores retrógrados de la política nacional”, expresó. 

Dijo también que el proyecto define a la universidad como una comunidad de docentes, estudiantes y graduados, más allá de que sea pública o privada, con fines de lucro o sin ellos. Estos son los agentes de la universidad y su presencia se expresa en los órganos de gobierno.

Agregó que no se entiende la autonomía universitaria como autarquía de cada universidad, lo que ha conducido a la corrupción actual, sino como la independencia necesaria para el ejercicio responsable de la actividad académica y administrativa en los marcos de la Constitución y la ley. 

Se establece, asimismo, una entidad reguladora denominada superintendencia, que vela por la calidad de la educación universitaria y se encarga de dar o negar autorización para el funcionamiento de las universidades. Reúne toda la legislación sobre la universidad que se encontraba dispersa en cinco normas con rango de ley, en una sola pieza legislativa. 

También se establece un régimen académico flexible para que cada universidad lo adecúe a sus necesidades. Señala la obligatoriedad de los estudios generales. Pone con claridad los requisitos para acceder a grados académicos y título profesional, buscando evitar el facilismo para conseguir los mismos.

Devuelve el trabajo final de investigación o tesina para obtener el bachillerato. Promueve la investigación al señalar que es una actividad obligatoria, en sus distintos niveles, para cada universidad. Establece la categoría de profesor investigador con un 50% de bonificación sobre su haber total. Se establece el vice rectorado de investigación y el vice rector administrativo pasa a ser un director de administración nombrado por el rector. 

Garantiza la elección directa, por voto universal y ponderado, de las autoridades en las universidades públicas. El rector y vice rectores son elegidos en una sola “plancha” para evitar posteriores desacuerdos entre ellos. 

La comunidad universitaria integrada por docentes y estudiantes, debe expresarse en el gobierno de las universidades privadas. El Consejo Universitario y Consejo de Facultad se convierten en órganos con menor número de integrantes.

El Comité Electoral que inicia el proceso de cambio de autoridades esté conformado por los profesores más antiguos en cada categoría y por los alumnos con mejores notas, para evitar el control de las elecciones por los grupos mafiosos. 

Se establece mayores exigencias (maestría y doctorado de acuerdo al nivel) para el desempeño de la labor docente. Un 25% de docentes a tiempo completo debe haber, en un plazo de cinco años, en cada universidad. 

Con respecto a las universidades privadas, se precisa enfáticamente que hay una diferencia entre lo privado y las actividades sin fines de lucro. Deben rendir cuentas al órgano regulador (superintendencia) sobre su estándar académico y sus cuentas. 

Para acceder a la exoneración de impuestos deben señalar con claridad a la SUNAT en qué reinvierten sus ganancias. Deben tener algún tipo de actividad de investigación. 

En relación a los estudiantes que desaprueben una materia en tres oportunidades serán separados de la universidad por un año para luego de ello tener la oportunidad de cursarla por cuarta vez. Si en la cuarta oportunidad son jalados se procederá a la separación definitiva.

Para ser representantes estudiantiles deben pertenecer al tercio superior de estudiantes en términos de calificaciones académicas. Los representantes estudiantiles no pueden realizar ningún tipo de cobro por su actividad de presentación.